Telefónica.

Ayer lo esperábamos y ha llegado. ¡10.167 millones de euros de beneficio!; récord en una empresa española. Telefónica.

Claro que uno ha podido experimentar en carne propia la forma que esta empresa tiene de conseguir ingresos: ofertas que luego distan bastante de lo recibido. ¿ADSL a 10 megas? “estamos trabajando para proporcionarle el servicio en breve, su zona no dispone en la actualidad de esa velocidad” (aunque sí está incluido en el contrato); ¿oferta en el Imagenio? “su factura de teléfono es muy alta, si contrata el Servicio Trío de Telefónica se ahorrará dinero” (un chiste); ¿Instalación gratuita? “lo sentimos, tiene usted que reclamar en el 1004”. Y sí, reclamen, eso si que es una odisea. Necesitamos una tarde entera, como mínimo, para que nos escuche alguna persona al otro lado de la línea, y quizás, con un poco de suerte, consigamos que se nos atienda “alguna” reclamación (no todas).

En fin, tanto debate y polémica por la mal llamada Ley Sinde (en realidad se trata de la Ley de Economía Sostenible, en particular, una disposición final) que permite el cierre de páginas Web de descargas; se me ocurre alguna “brillante” idea sobre a quién podían cobrar los derechos de autor. Pero eso atentaría contra la libertad de mercado y, al final, seguro que terminaríamos pagando los usuarios de alguna forma encubierta.

No es de extrañar que el Sr. Alierta, Presidente de Telefónica, sea el adalid y cabeza visible del Consejo Empresarial de Competitividad. Yo también sacaría pecho. Lástima que el resto de empresas españolas no sean “tan competitivas” (salvo las grandes).

Actualidad.

Hoy solo un pequeño resumen de lo que tenemos en el otro mundo, en la otra dimensión, inaccesible para la mayoría de nosotros, los resultados de las grandes corporaciones:

La empresa Jazztel aumentó sus ingresos respecto a 2009 un 36%: 615 millones de euros.

Iberdrola aumentó su beneficio un 1,6% en 2010: 2.871 millones de euros.

La empresa gestora de infraestructuras Abertis ganó un 6,1% más que en 2009: un beneficio neto de 662 millones de euros.

Telecinco gana un 45,6% más en 2010: 164,4 millones de euros.

Repsol “triplicó” sus beneficios respecto a 2009: un beneficio neto de 4.693 millones de euros.

Nuestra querida Telefónica acuerda repartir un dividendo a sus accionistas de 1,6 euros brutos por acción, y se esperan unos resultados “excepcionales”.

¿Crisis?

Podíamos seguir enumerando resultados y al final seguro que sacaríamos algunas conclusiones; pero eso lo dejo para ustedes.

En fin, esperemos que los ideólogos del recién creado Consejo para la Competitividad puedan orientar al resto de pequeñas empresas para lograr resultados similares, al menos acordes a su volumen.

Por cierto, los tres Consejeros ejecutivos de otra de las grandes, Ferrovial, han visto aumentadas sus retribuciones un 30% en el 2010, nada menos que un global de 7,3 millones de euros. Es otro ejemplo.

Mientras tanto, algún analista pronostica que el precio del barril del petróleo puede llegar a 220 dólares si no se solucionan los conflictos de Argelia y Libia. Actualmente se mueve en torno a 110 dólares el barril.

Como dice Stéphane Hessel en su pequeño libro: ¡Indignaos!

Mala fe.

Hoy en prensa ha causado cierto revuelo la siguiente noticia, ¿noticia?: “las empresas tendrán que dar a Hacienda datos sobre sus clientes”. El origen se encuentra en una sentencia del Tribunal Supremo.

Las reacciones de algunos lectores: “estado policiaco”, “estado de represión”, “gestapo”, “vergüenza de gobierno”, “a la ruina nos llevan los socialistas”, etcétera, etcétera.

No voy a realizar ningún comentario sobre los que estos lectores opinan, aunque se me ocurren varios calificativos que me abstendré de nombrar por respeto. Ejemplo de sabiduría opinar con “fundamentos”.

La sentencia del Tribunal Supremo se deriva de un largo proceso en el que dos partes intervienen legítimamente utilizando los instrumentos que la justicia pone a su disposición. Cada parte, en base a la ley, realiza su interpretación de las normas, y es un Tribunal “Supremo” el que dirime la cuestión. Hasta aquí, todo normal.

Pero no voy a entrar en la cuestión de quién tiene la razón, sólo les dejo lo que la Ley 58/2003 General Tributaria dice en su artículo 93.1 (siempre es bueno conocer el origen de las cosas para emitir una opinión, esta vez sí, fundada):

“Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,…, estarán obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas”.

¿Por qué se llega al Supremo? Porque, a pesar de que a algunos no les gusta, vivimos en un Estado Democrático, y de Derecho.

Competitividad.

Competitividad, según la Real Academia Española, es la capacidad para competir, o también, rivalidad para la consecución de un fin.

17 grandes grupos empresariales españoles, junto al Instituto de Empresa Familiar (IEF), acaban de constituir una “alianza” a la que han denominado Consejo Empresarial para la Competitividad. El objetivo, “aportar ideas con el fin de elevar la competitividad y mejorar la imagen de España”.

Vamos por partes. En primer lugar, el IEF está formado por Presidentes, Consejeros Delegados o miembros de los Consejos de Administración que representan a un centenar de empresas líderes en sus sectores. De ahí que los 17 grandes grupos formen parte del IEF, al menos en su mayoría, según se desprende de su página Web.

Aclarado este punto, uno se pregunta, estos ideólogos ¿buscan elevar la competitividad de la economía española o elevar la competitividad de sus empresas? Porque ustedes deberían saber que desde hace 30 años el nuevo paradigma de competitividad se basa en las “alianzas” entre empresas, donde combaten alianzas contra alianzas, grupos de alianzas contra grupos de alianzas, etcétera; es decir, grandes “lobbies” se enfrentan entre sí. ¿Por qué? Las cooperaciones entre empresas aumentan la efectividad de las estrategias individuales, se intercambian recursos y capacidades como puede ser la tecnología o las habilidades.

Por otro lado, quieren “mejorar la imagen de España”. El Sr. Alierta, Presidente de Telefónica y primer Presidente del Consejo, ha defendido que “no es un tirón de orejas al Gobierno” (supongo que habrán tenido en cuenta su participación en el deterioro de la imagen de España, digo yo) sino que se trata de “un ejercicio de responsabilidad social corporativa”. Bien, aquí no podía dejar escapar la ocasión: Santander, BBVA, Mapfre, ACS, Ferrovial, Acciona, Repsol, Iberdrola, Inditex, son algunas de estas 17 grandes que forman parte del Consejo, y además pertenecen al selectivo IBEX 35, el índice bursátil español por excelencia. ¿Recuerdan que hace días hablamos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas del IBEX 35? El 80% tiene presencia en paraísos fiscales. No digo que todas las citadas la tengan, pero en términos probabilísticos, seguro que alguna cae. ¡Ojo!, tampoco es ilegal, sólo se trata de ¿responsabilidad social?

Santander con 34 sociedades operativas y BBVA con 23 sociedades en paraísos fiscales son un ejemplo.

Competitividad, Responsabilidad, Productividad,… suena bien.

Por cierto, el mencionado Sr. Alierta ha percibido, durante el ejercicio 2009, por su condición de miembro del Consejo de Administración de Telefónica, 400.000 euros brutos (respecto al 2010 todavía no se han publicado las cuentas). A esto hay que sumar la parte que le corresponde por el desempeño de funciones ejecutivas; estos datos no están individualizados, pero él y 2 consejeros más han recibido conjuntamente por sueldos, remuneración variable, retribución en especie y aportaciones a planes de pensiones la friolera de 14.131.278 euros, según cuentas publicadas. Sólo es un ejemplo.

Lo dicho, vamos intentar ser más competitivos, y responsables. De la productividad ya nos ocuparemos los trabajadores (con recortes salariales).

Cantos de sirena.

El imperio se tambalea. La familia más conocida de España (al margen las que llenan habitualmente las páginas de la prensa del corazón) ha vuelto a primer plano, y no precisamente para mostrarnos las virtudes y valores de la familia tradicional.

Don Corle…, perdón, en qué estaría pensando, Don José María y su prole han puesto patas arriba un entramado de empresas que operaban en múltiples sectores de la economía española, algunas, según cuentas los medios, dirigidas desde paraísos fiscales. Existe cierta opacidad para conocer la situación real de las cuentas. Lo que si se sabe es que algunas empresas llevaban tiempo sin pagar a los proveedores y acumulaban una deuda con la Seguridad Social de 45 millones de euros; a ello hay que unir el hecho de que alguna entidad financiera había procedido a ejecutar algún embargo sobre bienes hipotecados.

También hemos podido escuchar voces acusando a los poderes públicos por no haber intervenido en la gestión de estas empresas. Olvidan que ese tipo de actuaciones pertenece a otros tiempos y, me atrevería a decir que a otros lugares remotos. Existen suficientes mecanismos para detectar y subsanar las anomalías e incidencias que se produzcan en cualquier tipo de empresas, véase la Ley Concursal. ¿Se imaginan que hubiera ocurrido si las autoridades hubieran intervenido? Pronto aparecería la prensa más casposa acusando de injerencia política, de poner en peligro los puestos de trabajo de miles de trabajadores y la viabilidad de muchas empresas. De todas formas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió en varias ocasiones avisos a los posibles inversores para que se informaran bien antes de tomar alguna decisión sobre la suscripción de los pagarés que la familia Ruiz Mateos ponía en el mercado. Pero, ¿quién necesita información cuando escucha los cantos de sirena, las rentabilidades del 10%? ¿Veremos pronto a los afectados manifestarse ante la sede del ministerio? Rentabilidad anual del 10%, ¿sin riesgo? ¿Ninguno de los afectados se pregunta por qué una empresa ofrece estos intereses para captar fondos? ¿Quizás por qué ya no consiguen préstamos de las entidades financieras? No aprendemos; las empresas llevan a cabo inversiones de las que esperan obtener una tasa de retorno, unos beneficios superiores a sus costes; con tasas de financiación al 10% ¿qué rentabilidad deben obtener las empresas? ¿En plena crisis? ¿Acaso piensan que son ONGs que se dedican a realizar acciones sociales?

Por cierto, también he leído que desde que el Gobierno cambió la ley, obligando a los emisores de estos pagarés a un control por parte de la CNMV (tiene que intervenir un gestor financiero), las emisiones de Nueva Rumasa cesaron, siendo sustituidas por ampliaciones de capital. ¿Casualidad?

Productividad versus IPC.

Esta semana se ha publicado el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de enero de 2011 con un resultado del 3,3% en tasa interanual (es decir, respecto a los precios de enero de 2010). ¿Creen ustedes que este incremento se debe a los mecanismos de formación de precios, a la interacción de la oferta y la demanda? Pues no; en una situación como la actual, con una demanda interna en mínimos, el incremento de precios no procede de la conducta de los consumidores. La mayor parte de la subida se corresponde con los precios de la energía y los alimentos importados (por desgracia, España sigue teniendo una factura energética muy elevada); otra parte importante viene provocada por el aumento de impuestos y por las subidas por decreto, véase luz.

De seguir las recomendaciones (o imposiciones) de la Canciller Angela Merkel sobre la indexación de los salarios a los índices de productividad el resultado con toda probabilidad sería uno: el trabajador asalariado perdería de forma continua poder adquisitivo. Eso sí, las empresas conseguirían que sus costes laborales no se incrementasen al mismo ritmo que los precios de venta de sus artículos (las empresas solían trasladar a sus precios el IPC anual al comienzo de ejercicio).

Pero podemos estar tranquilos (de momento); tanto agentes sociales como Gobierno no tienen encima de la mesa esta "Cuestión".

¿Dónde reside el problema?

Situación triste pero significativa: según la empresa de recursos humanos Adecco, un importante número de desempleados con estudios medios o superiores ocultan estos datos en su currículum con el fin de poder acceder a un puesto de trabajo. La sobrecualificación es un inconveniente. Las empresas no quieren invertir en la formación de estos trabajadores por miedo a la alta rotación que presentan: tan pronto encuentran un trabajo acorde a su cualificación abandonan la empresa; ésta debe iniciar un nuevo proceso de búsqueda y formación. Aquellos trabajadores que no encuentran un puesto adaptado a su nivel de formación y deben permanecer en la empresa muestran desmotivación y frustración.

Esta situación puede servirnos como ejemplo de la distancia existente entre empresas y sistema educativo, y por qué no, como uno de los focos en los que centrar la atención de nuestras políticas. Empresas que demandan personal poco cualificado (recuerden que aproximadamente el 95% de las empresas son pequeñas y medianas) y trabajadores cualificados que no encuentran empresas en las que desarrollar su potencial. Como se incide desde diferentes sectores, una y otra vez, en la necesidad de formación y preparación de nuestros estudiantes, trabajadores y de la sociedad en general, parece ser que el problema no reside aquí (en la sobrecualificación). Por lo tanto deberíamos fijar nuestra mirada en el tejido empresarial y orientar las políticas económicas a la creación (o transformación) de empresas con alto contenido tecnológico, de innovación, etcétera, etcétera. En otro caso, ya saben, Pepe vente para Alemania.

Transparencia.

Recientemente, en una entrada anterior, les hablé de un documento que las sociedades mercantiles (empresas) deben elaborar de manera obligatoria y que forma parte de las cuentas anuales que la ley les exige. Es la denominada “memoria”. En ella se suministra información que no es recogida en el resto de cuentas anuales, ya sea por su naturaleza cualitativa o porque precisa de ciertas explicaciones, todo con el propósito de proporcionar una imagen fiel de la compañía.

Uno de los apartados que compone la memoria hace referencia a las remuneraciones, sueldos, dietas y otras retribuciones que el personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración perciben, constando de manera separada. Si alguno está interesado puede darse una vuelta por la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y podrá comprobar que todas las sociedades que cotizan en las bolsas españolas presentan estas cuentas, y a las cuales pueden acceder libremente. Las que no cotizan también elaboran sus cuentas y las depositan en el Registro Mercantil de su provincia, y sí, también son accesibles al público (pagando, claro está, las tasas correspondientes).

Pues bien, ¿saben quiénes no dan información sobre las remuneraciones que perciben sus consejeros y altos directivos? Las Cajas de Ahorro. Por poco tiempo; la nueva Ley de Economía Sostenible hará que esto cambie. ¿Esta opacidad tendrá algo que ver con el hecho de que en sus Consejos se encuentran políticos y personas de confianza de los Gobiernos Autonómicos?

Hoy les echamos un capote a los bancos. Éstos sí ofrecen datos desglosados de lo que cobra cada consejero. Hasta aquí. Tampoco es cuestión de ser más benévolos, no vayan a creerse que son un dechado de virtudes.

Cláusulas suelo (II)

Hoy toca demandas judiciales y bancos. Les dejo un link a una noticia publicada en la edición digital del diario económico “cincodias” que está relacionada con la entrada anterior.

Parece que las cláusulas suelo tienen los días contados, a pesar de que las sentencias son recurridas por las entidades financieras.

Dice el auto: “expresa eliminación de dichas condiciones generales a la contratación y de abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, en sus contratos de préstamo hipotecario con consumidores y usuarios”.

Artículo

Cláusulas suelo.

¿Se acuerdan de las historias que les había contado sobre el suelo de las hipotecas? Aquel tipo de interés que la entidad financiera colocaba (a veces sin informar al cliente) como cláusula en los préstamos y que aplicaría, sí o sí, aunque el Euribor más el diferencial contratado se encontrase por debajo.

Pues bien, sólo recordarles, y por si están afectados, que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó una demanda colectiva contra 45 bancos y cajas que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid.

El proceso está paralizado para que puedan incorporarse a la demanda nuevos afectados; el plazo, hasta finales de marzo. Asimismo, “se estudiará la medida cautelar solicitada … para que las cláusulas suelo dejen de aplicarse de forma inmediata y mientras dure el procedimiento judicial a todos los usuarios que se adhieran a su acción colectiva”.

Alguna de las entidades demandadas: BBVA, Banco Pastor, Banco Sabadell, Banco Popular, Banco de Galicia, La Caixa, Caixa Galicia (ahora, NovaCaixaGalicia), …

Responsabilidad.

La Responsabilidad Social Corporativa se define como una forma de conducir los negocios teniendo en cuenta los impactos que las actividades desarrolladas por las empresas generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.

Nos decía José Luis Lizcano, Director Gerente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), en un artículo publicado, lo siguiente: “El gobierno corporativo de una empresa socialmente responsable se estructura y actúa consecuentemente con el objetivo social de generar el mayor valor posible para los distintos grupos de interés. […] no vela exclusivamente por maximizar el valor de la acción sino que busca también satisfacer las necesidades de los empleados, los clientes y los proveedores, así como de la sociedad en su conjunto, aportando estabilidad y desarrollo al sistema económico”.

¿Por qué cuento esto? Se preguntarán algunos. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, asociación integrada por diferentes instituciones que van desde ONGs, Organizaciones de Consumo, Sindicatos, y en la que colaboran diferentes universidades, acaba de publicar un estudio sobre la responsabilidad social de la empresas del IBEX 35, es decir, aquellas empresas, la crème de la créme, que cotizan en bolsa en el selectivo IBEX. Pues bien, el 80% de estas empresas tiene presencia en paraísos fiscales, y además no informan de cuáles son las actividades desarrolladas en estos territorios. Estrategias poco responsables y claramente incoherentes con los mensajes de sostenibilidad y contribución al desarrollo que ofrecen en sus memorias. Para los que desconozcan que son las memorias decirles que forman parte de las Cuentas anuales que las sociedades mercantiles están obligadas a presentar y que completa, amplía y comenta la información que contienen los otros documentos que forman parte de dichas cuentas anuales.

En resumen, si las empresas más representativas de nuestro país llevan a cabo actuaciones que no se corresponden con lo que de ellas se espera ¿qué podemos pedir al resto de la sociedad?

¿Una disculpa?

En un post publicado en el mes de junio del 2010 al que titulé ¿no somos culpables?, escribía lo siguiente: En el mes de marzo, cuando se habían producido fuertes turbulencias en los mercados financieros y en las bolsas de todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional salía a tranquilizar los ánimos de los “inversores” señalando que los descensos son una corrección y no un cambio fundamental en la dirección del mercado. Su Director Gerente, Rodrigo Rato (conocido por todos nosotros), declaraba, “el mundo sigue mostrando un escenario muy benigno, además el crecimiento de la economía estadounidense registrará este año una suave desaceleración”.

Hoy tenemos en prensa el resumen de un informe elaborado por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que realiza una durísima autocrítica: “El FMI no anticipó la crisis, su ritmo ni su magnitud y, en consecuencia, no pudo advertir a sus miembros”.

Algunas de las causas que se esgrimen: sesgos analíticos, presiones políticas, autocensura, falta de supervisión y control.

Respecto a España acertó sobre la creación de una burbuja inmobiliaria (cosa no tan difícil de predecir en un país en el que se levantaban edificios, incluso prototipos de ciudades, por doquier; basta mirar hoy a nuestro alrededor para poder encontrar esqueletos de hormigón parcialmente abandonados), pero no fue capaz de establecer un vínculo con los riesgos del sistema financiero.

Como conclusión podemos sacar algo bueno: la autocrítica (no todos son capaces de reconocer sus errores), y algo malo: se repite con demasiada frecuencia (siempre con los mismos afectados).

¿Y eso cómo va?

El lunes comentaba que alguno de los puntos que había propuesto el eje franco-alemán en el futuro e incierto pacto de competitividad eran conflictivos; uno de ellos hacía referencia a que los salarios deberían dejar de estar indexados a la inflación. Se pretende evitar una espiral: incremento de precios (inflación), actualización de los salarios, incremento de los costes, aumento de precios (inflación), actualización de los salarios, …

Pues bien, ya ha saltado el debate en nuestro país (es que uno no gana para sobresaltos); tanto la patronal como el Banco de España están a favor de eliminar la indexación de los salarios al IPC; indudablemente ya han respondido los sindicatos.

La alternativa que se plantea es la “productividad” en lugar del IPC.

El cálculo de la productividad es complejo. En teoría se define como la relación entre la producción obtenida y los recursos empleados para su obtención; así pues, una mejora de la productividad se puede obtener actuando sobre la producción o sobre los recursos empleados. Además entran en juego aspectos importantes como la calidad, la materia prima, la innovación, la mano de obra, las condiciones del trabajo, el capital, … e influye mucho la transparencia informativa. ¿Estarán las empresas dispuestas a presentar información sobre sus costes y procesos de producción? Lo dudo, muchas de ellas mantienen un absoluto secretismo para evitar a la competencia.

Otra cuestión que se plantea es ¿qué productividad servirá de referencia para indexar los salarios? la productividad del sector, la productividad de la empresa, la productividad de una línea de negocio, la productividad del trabajador, ... Dos empresas, pertenecientes al mismo sector, pueden tener diferentes productividades por el mero hecho de que una de ellas puede disponer de acceso a una mejor tecnología que la otra, o puede tener mejor productividad reduciendo costes, afectando a la calidad de sus productos, por ejemplo. ¿Aumentamos los salarios de los trabajadores de la empresa con incremento de productividad y mantenemos o bajamos los de la otra? Al final, tendremos trabajadores de primera y de segunda, y en muchos casos sin ser partícipes de las decisiones que les afectan ¿les consultarán sus patronos antes de llevar a cabo una inversión en una nueva tecnología? Explíquenles a los pequeños empresarios (autónomos) y a sus trabajadores que los salarios estarán condicionados al incremento de la productividad en el año. La primera pregunta que les harán posiblemente sea, ¿y eso cómo va?

Control Tributario.

Siempre existirá el dilema, al menos para mí, sobre la oportunidad de conocer cuáles serán las consecuencias que se derivarían de cierta información que esconde unos potenciales efectos negativos. ¿Preferible conocer las posibles consecuencias y vivir con la angustia de que en cualquier momento pueden manifestarse o, vivir en ese estado de relativa tranquilidad sin ser conocedor de los potenciales hechos futuros? Sólo es cuestión de tiempo. Esperar que un día nos sorprendan con negativas noticias mientras vivimos ajenos a toda inquietud o sufrir esta inquietud que nos corroe desde un primer momento e ir adaptándonos a sus posibles consecuencias.

Es lo que sucede en muchos ámbitos de nuestra vida. Saber o ignorar premeditadamente.

Ayer lunes, día 7, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011. Como profesional directamente implicado debo conocerlo, aunque me genere cierta inquietud, a pesar de que no me afecta de manera directa. Los afectados directamente son las empresas y autónomos. Quizás éstos no presten demasiada atención a los avisos y recomendaciones que recibirán de sus asesores, hasta el día en que llegue a sus manos una notificación de la Agencia Tributaria; entre tanto vivirán asumiendo ciertos riesgos sin ningún pudor, en una paz fiscal relativa. No todos.

El Plan de Control Tributario tiene un párrafo, que en mi opinión, debería ponernos en guardia: “…Los retos… se enmarcan en un contexto económico y social en el que destacan la crisis económica… es especialmente relevante… la política de consolidación fiscal, que constituye uno de los pilares sobre los que se asientan las medidas para la recuperación económica, el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público y la corrección del deterioro de las finanzas públicas”. Más claro no podría ser.

En síntesis, los aspectos del Plan más llamativos para la mayoría de los contribuyentes, a mí entender, son:

• Actuaciones, especialmente, sobre profesionales o contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados.
• Control de operaciones en las que se utilicen billetes de alta denominación, movimientos de efectivo por importes especialmente elevados y abonos importantes en cuentas bancarias.
• Control para detectar falsas empresas subcontratistas, constituidas para emitir facturas falsas utilizadas por el receptor para obtener deducciones fiscales indebidas.
• Control de obligados tributarios en regímenes objetivos, los conocidos módulos, para detectar la emisión de facturas falsas; las actuaciones se dirigirán tanto a los emisores como a los receptores de las facturas.
• Control de no declarantes.
• Detección de personas físicas que puedan estar percibiendo prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social y realicen actividades sin declarar.
• Nuevas declaraciones informativas sobre consumo eléctrico (modelo 159) y sobre terminales de tarjetas de crédito (modelo 170).
• Detección de activos, depósitos y otros productos financieros fuera de nuestras fronteras cuya titularidad corresponde a ciudadanos residentes en España.
• Acciones conjuntas de la Administración Tributaria (AEAT), Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la Tesorería de la Seguridad Social, para combatir la economía sumergida.
• Control de deudores con incumplimiento sistemático de obligaciones.
• Actuaciones de embargo de bienes.
• Investigación de la participación de deudores aparentemente insolventes en la creación de sucesivas sociedades mercantiles.
• Cruce de información con las Administraciones autonómicas sobre la titularidad de bienes y derechos para detectar declaraciones no presentadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Comprobación de valores en las operaciones inmobiliarias.
• Préstamos entre personas físicas.

Lo dicho, uno de los pilares sobre los que se asienta la recuperación económica. ¿Inquietos?

Otro pacto.

Bruselas. 4 de febrero de 2011. Ante los “desafíos que afectan a Europa” (que no son pocos) los gobiernos francés y alemán han puesto en marcha de forma conjunta un nuevo proyecto para dar una respuesta adecuada a estos retos, proyecto denominado “Pacto de competitividad”. Las formas no han gustado entre algunos de los socios europeos, de hecho no han sido capaces de tocar ningún aspecto concreto.

El pacto contiene seis puntos a desarrollar:

a) Eliminar la indexación automática de salarios con la inflación. De entrada este punto ya ha recibido críticas. Se trataría de evitar que los salarios aumentasen al mismo ritmo que la inflación; otra pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores.

b) Adaptar la edad de jubilación a la evolución demográfica. A estas alturas supone poca novedad.

c) Reconocimiento mutuo de diplomas. La tan cacareada libertad de movimiento de los trabajadores por la Unión Europea se veía restringida al no reconocerse los títulos obtenidos en otros países.

d) Incluir en las constituciones disposiciones que fijen un límite de déficit o deuda. En mi opinión supondría dar cabida en la norma suprema a una posición ideológica.

e) Armonizar la base sobre la que se aplica el impuesto sobre sociedades. Actuar sobre los diferentes tipos impositivos vigentes en cada país de la UE resulta más difícil (la política fiscal es una materia en poder de los Estados).

f) Establecer un programa de resolución de crisis en el sector bancario. El objetivo es que los ciudadanos no paguemos las actuaciones irresponsables de algunos “brillantes” financieros.

Estos son los pilares, dos muy conflictivos: a) y d). En marzo intentarán dar un paso al frente ¿serán capaces? Alemania lo tiene claro: o se adoptan medidas en estos puntos o el recién creado Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera, utilizado para ayudar a países con problemas de solvencia y para defender a la moneda única de los ataques, tendrá serias “dificultades” para que sea ampliado y flexibilizado, como pretenden los países europeos. ¿Chantaje? Como diplomacia parece un tanto agresiva.

Lujo.

Hay noticias que no dejarán de sorprenderme por muy habitual que puedan ser en los medios de comunicación. Mientras que día tras día te levantas y escuchas los problemas que acucian a millones de personas para conseguir un empleo, una vivienda, una miserable pensión, una cobertura por desempleo, unos servicios cada vez más paupérrimos, …, en algún lugar próximo se encuentra una capa social que vive al margen de todos estos problemas.

20.320 millones de euros de cifra de negocios. 3.032 millones de euros de beneficios. Cifras que en el contexto actual parecen insultantes, que provocan vértigo si uno se para un momento y toma conciencia de lo que significan. Cuando en toda Europa y EEUU se buscan fórmulas para salir de una de las mayores crisis de todos los tiempos, hay quien es capaz de darle la espalda a esta realidad. Como ejemplo, el grupo de empresas Louis Vuitton (Louis Vuitton, Dior, Loewe, …). El lujo no entiende de crisis.

Teníamos la sensación de que el dinero había desaparecido de la noche a la mañana, que se encontraba en esos terribles monstruos llamados bancos, que no estaban dispuestos a que fluyera por todo el sistema. Al parecer, no es que haya desaparecido sino que se encuentra polarizado en unas pocas manos (o no tan pocas). Record de ventas en 2010, en plena crisis. ¿Saben quiénes son actualmente los compradores? No podía ser de otra forma, los compradores chinos se dejan en los exclusivos almacenes británicos Harrods la nada despreciable cantidad de 3.000 euros de media en sus visitas (cada comprador, por supuesto). Simplemente, capitalismo.

Cualificados.

Si el martes les dejaba unas palabras del sociólogo A. Schaff sobre la posibilidad real de la desaparición del trabajo en su concepción tradicional, hoy amplío esas reflexiones con las manifestaciones del ministro de Educación Ángel Gabilondo “[…] Para 2020 se estima que el 85% de los trabajos hayan de ser especialmente cualificados y esto tarde o temprano va a suceder en un país u otro”.

Tomando como creíbles las estimaciones podemos comprobar que Schaff no había errado en sus impresiones hace 20 años. Una nueva estructura está en marcha desde hace tiempo y como seamos reacios a formar parte de ella, muchas personas sufrirán sus consecuencias. Idiomas, tecnología (con la velocidad vertiginosa que alcanzan sus mutaciones), formación,… en definitiva, educación, será la que establezca la línea divisoria entre los que estén dentro y los que estén fuera del “nuevo” sistema. Y es una labor de todos, no solo de las clases políticas, aunque éstas deban crear el marco propicio.

Como dice el ministro “…tarde o temprano va a suceder en un país u otro” ¿Cuántos apuestan por España?

Revuelta y educación.

Existen normas y leyes que la sociedad tarda en asimilar e incorporar a sus hábitos diarios. Cuando salió a la luz que el impuesto indirecto por excelencia, el IVA, sería incrementado en dos de sus tipos hasta al alcanzar el 18 y el 8 por ciento fue asumido con las preceptivas protestas. Protestas que desaparecieron al mismo ritmo que una botella de cava pierde el gas. Sin embargo, se ha creado una auténtica cruzada para derrotar a la “perjudicial” ley anti-tabaco. No sólo se llama a la revuelta, sino que incluso se preparan manifestaciones en algunas Comunidades Autónomas, sin olvidar la utilización parcial que se está haciendo de la ley para despedir a los trabajadores del sector; se imputa a la norma una importante caída de los beneficios. Me parece una broma. Cómo si no existieran otras causas.

Pero no nos detenemos ahí. Por poner un ejemplo, ¿Se han fijado cómo están las aceras frente a los establecimientos de hostelería? Les invito a que se den una vuelta a primera hora de la tarde y podrán comprobar como se ha incrementado el número de colillas tiradas en el suelo, amén de alguna que otra cajetilla de tabaco vacía. Comparen esta actitud con la imagen que puede verse en otros países europeos, donde tirar un simple papel al suelo, ya no es que esté penalizado, sino que causa una reacción de sorpresa en los ciudadanos de ese país. Civismo, sólo eso.

Ayer escribía que el pacto alcanzado por los diferentes agentes sociales hacía hincapié, entre otras cosas, en una mejor educación, ¡cuánto trabajo queda por hacer! Y no sólo con los estudiantes.

Pacto.

Gobierno y agentes sociales han conseguido (al fin) plasmar en un borrador un nuevo pacto social en el que se destacan como retos a conseguir la generación de empleo y un crecimiento sostenido a largo plazo.

Los objetivos que se buscan son: más emprendedores, mejor educación, más tecnología e infraestructuras físicas más eficientes, un marco de relaciones laborales en el que se combine flexibilidad y seguridad, una reformulación de la política industrial con el ánimo de alcanzar una mayor competitividad, incorporar tecnología, innovación y personal cualificado y, cómo no, superar la dependencia excesiva de combustibles sólidos dando paso a las energías renovables.

Bien, ya hemos sentado los pilares sobre los que se construirá la nueva estructura económica y social de nuestro país. Sin embargo, y esto solo es una primera impresión, salvo los aspectos técnicos que afectan al cálculo de las futuras pensiones, el resto me es muy familiar: educación, tecnología, innovación, energías renovables, competitividad, etcétera, etcétera. No es la primera vez que estos objetivos aparecen en diferentes acuerdos, proyectos o negociaciones. Esperemos que ésta sea la definitiva. Claro que para ello se necesita la colaboración de todas las partes y ése si que es un reto.

Una nueva época.

Estos días podíamos traer a colación una frase del pensador español José Ortega y Gasset (aunque originariamente se insertaba en una temática totalmente distinta) que decía: “… no depende el deber de nuestro arbitrio; hay que aceptar el imperativo de trabajo que la época nos impone”.

Sí, una nueva época se abre ante nosotros y, ante las incertidumbres que la acechan, no nos quedará más remedio que adaptarnos a las nuevas reglas de juego, aunque no sean de nuestro agrado.

Imagino que, al igual que yo, habrán podido leer y escuchar estos días multitud de voces manifestándose a favor o en contra, e incluso alguna vocecilla dubitativa, en relación a la reforma de las pensiones. Algunos ejemplos de opiniones a favor: “…representa un paso adelante decidido hacia la sostenibilidad futura del sistema de pensiones”; otras en contra: “La reforma … es simplemente reducir a medio y largo plazo las pensiones. Las medidas básicas … además de injustas … son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema”. Y así, para todos los gustos. ¿Quién tiene razón? Supongo que ambas posiciones tienen argumentos que las sustentan. Lo cierto, y es ya un hecho o está a punto de serlo, es que las próximas generaciones que se incorporen al mercado laboral tendrán que trabajar mas años para obtener una pensión completa, siempre que el sistema les permita incorporarse (No, no me olvido de los que estamos ya en el mercado laboral, también nos afecta).

Y al hilo de lo anterior, dejo unas palabras del sociólogo polaco Adam Schaff recogidas en un libro publicado en 1993, “Humanismo Ecuménico”: “Hay mucha gente que considera exagerada e inverosímil la apreciación de que el trabajo, en el sentido tradicional de la palabra, va desapareciendo poco a poco y que, presumiblemente, en unos 30-50 años puede extinguirse por completo; sin embargo expertos en el ámbito tecnológico piensan que estos plazos son excesivamente amplios y que todo el proceso llegará a su término mucho antes. Se cierne, pues, la amenaza de un paro generalizado”. Hago hincapié en el sentido “tradicional” del trabajo.

En fin, ya han transcurrido cerca de 20 años.

P.D. No podía dejar pasar una reflexión que un, no sé como catalogarlo, realiza en uno de los periódicos de mayor tirada a nivel nacional. Evito nombres porque creo que no merece un mínimo de publicidad: “…todo el mundo tiene derecho a voto, pero el valor de este voto tiene que estar ponderado por la aportación que el individuo hace al Estado (declaración de la renta). Es justo y proporcional que quien más aporta, más decida; …” Supongo que a este individuo no le habrá ido nada mal en la vida. Si estas ideas reflejan el sentimiento de una parte importante de la población, tendría más motivos para preocuparme que las manidas reformas económicas. Otra perla: “…Acabar con la idea de que el Estado tiene que pagarte la vida. Ni la Sanidad ni la enseñanza ni nada …”. Sin comentarios.