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lunes, 16 de diciembre de 2013

Sólo son indicios.

Meras sospechas; nada concluyente; está por demostrar; sólo son indicios.

Pues sí, se ha puesto de moda trivializar y restar importancia a los hechos y actuaciones que aparecen en los medios de comunicación y que tienen como fuente diferentes informes policiales e incluso autos judiciales. Vivimos en un continuo proceso de banalizar cualquier actuación, cualquier prueba, proceda de donde proceda, y para una sociedad democrática puede ser un juego bastante peligroso. Da la sensación de que para unos la simple mención del término “indicio” ya significa una condena en firme y para otros meras sospechas que habrá que demostrar y por lo tanto carentes de cualquier trascendencia.

Indicios de contabilidad “B”, indicios de prevaricación, indicios de fraude fiscal, y así hasta el infinito.

¿Pero que dice la jurisprudencia al respecto? ¿Tenemos que dar credibilidad cuando vemos en los medios de comunicación que según tal auto de tal juez existen indicios de haber cometido un delito? ¿Es la imputación un mero capricho del juez de turno?

Nos dice el Tribunal Supremo en base a una gran cantidad de jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo siguiente:

“…coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la prueba indiciaria los siguientes. Que los indicios, que han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana, las consecuencias de la participación del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de explicar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probatorios, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito…”.

Aunque no soy jurista creo que podríamos concluir que cuando el emisor del mensaje procede del sistema judicial tomarse a la ligera los hechos sobre los que reposan los indicios es un ejercicio de irresponsabilidad. Quizás tengamos que concluir que las pruebas son más que evidentes y que son más de una. Otra cuestión diferente es que con el paso del tiempo las pruebas se diluyan como terrones de azúcar en una taza de café. Sólo nos quedará el sabor dulce.

jueves, 5 de diciembre de 2013

"B"

“B”, de bueno, bonito, barato,… una letra del abecedario que se ha puesto de moda, si es que alguna vez dejo de estarlo, y que últimamente ha copado muchos de los titulares  de prensa. Partidos políticos, grandes empresas, asociaciones sin ánimo de lucro, instituciones, etc., etc.
 
Pues bien, en relación con todo este entramado de ocultación, falsedades, mentiras, que estamos viendo, y que posiblemente seguirán apareciendo, me pareció interesante mostrar qué es lo que recoge el Código Penal respecto al delito contable. Según se recoge en el artículo 310 será castigado con “pena de prisión de 5 a 7 meses al que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil o libros o registros oficiales:
            b) Lleve contabilidades distintas que referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
            c) No hubiere anotado en  los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiere anotado con cifras distintas a las verdaderas.
            d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
 
            La consideración como delito de los supuestos… párrafos c) y d)… requerirá que se hayan omitido en las declaraciones tributarias o que las presentadas fueran reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía… exceda… de 240.000 euros por cada ejercicio económico.
 
Pero, siempre hay un pero, el delito contable se concibe como supuesto de hecho del delito fiscal, y la condena por delito fiscal impide la aplicación del delito contable como consecuencia del principio “non bis in ídem”, o lo que es lo mismo, no se puede condenar dos veces por el mismo hecho.
 
Para aclarar la situación, y para que nadie se alarme, es interesante conocer cómo se castiga el delito fiscal en el código penal, artículo 305. En su apartado 1 dice que “el que por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública… (y la cuota) exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto del séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria”. ¿Cómo? Pues “cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda”, eso sí, tiene que ser antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, o antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, entre otros, interponga querella o denuncia, o antes de que el Juez de Instrucción realice actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
 
Las penas pueden ser mayores dependiendo de los importes defraudados y de otras circunstancias, como pertenencia a organización criminal o ocultación en paraísos fiscales, por ejemplo.
 
También puede ser que estén prescritos los ejercicios, y aquí paz y gloria.

martes, 18 de enero de 2011

Lucha contra el fraude.

Solo una observación; la Agencia Tributaria (el Ministerio de Hacienda) ha cerrado el ejercicio 2010 como el mejor año en su lucha contra el fraude, al menos con el actual gobierno: 10.000 millones de euros recaudados, lo que supone un 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Según se puede leer en prensa, la mayor parte de este importe se corresponde con actuaciones realizadas durante años anteriores y cuya consecuencia ha sido el ingreso en el ejercicio 2010 de las liquidaciones efectuadas (gran parte de ellas derivadas del sector de la construcción).

En el nuevo plan de lucha contra el fraude que se presentará en breve, diferentes colectivos de profesionales serán el objetivo de las actuaciones, entre ellos, médicos, abogados y otros. ¿Será cierto?

jueves, 16 de diciembre de 2010

La otra economía.

205.000 millones de euros es lo que estima “Visa Europe” que se movió en nuestro país, y durante el año 2009, en economía sumergida, un 20 por ciento aproximadamente del Producto Interior Bruto (PIB).

Construcción, hostelería y restauración, junto al comercio, son los sectores más “negros”; aquellos otros sectores regulados (curioso) como el gas, luz, agua, … son los que menos expuestos están a la economía sumergida.

Se achaca a los altos impuestos y a la carga que supone la seguridad social para las empresas. Claro que uno se pregunta si estos sectores regulados no pagan impuestos o si sus costes de seguridad social son más bajos. También uno se pregunta por qué países con mayores tipos impositivos (directos o indirectos), o mayor presión fiscal, tienen un menor porcentaje de economía sumergida, véase Francia, Suecia, hagamos una excepción con Italia, etcétera.

Alguno recordará que en un post anterior (“Fraude”) ya hablé sobre el tema. Sigue siendo curioso el hecho de que tanto en tiempos de bonanza como de crisis los porcentajes de fraude sean similares ¿será un problema endémico de nuestro país?

Según lo visto en prensa, Visa Europe propone como solución instaurar un medio de pago a través de tarjetas para evitar los servicios y pagos en “negro”. A ser posible que sean las suyas (esto lo digo yo).



Aprovecho la entrada para hacer una llamada sobre el tema más actual, la crisis de deuda y concretamente la relacionada con nuestro país. Se han producido las subastas de deuda pública, y las obligaciones a 15 años se han colocado con un tipo de interés próximo al 6 por ciento y los bonos a 10 años al 5,485 por ciento. Tipos preocupantes, son altos, y según leo la demanda ha sido baja, ¿miedo? Tengo la impresión de que algo se esconde y los mercados lo saben ¿dónde?, vuelven a escucharse voces que apuntan a nuestros bancos.

lunes, 9 de agosto de 2010

Publicidad engañosa.

Un tema que suele ser muy controvertido, y que en numerosas ocasiones causa cierta incredulidad, es el de la llamada publicidad “engañosa”. Una amable lectora me hizo llegar una consulta médica en la que se desmontaba el “mito” del conocido yogur “Actimel”, uno de los productos estrella de una de las principales empresas del sector de la alimentación. Su inquietud (así lo entendí yo) residía en por qué, no existiendo pruebas suficientes de la bondad de este producto (y de otros tantos), se anunciaba y comercializaba como beneficioso para la salud. Creo recordar que no hace mucho el mensaje que se transmitía de este producto en los medios de comunicación ha sido modificado por parte de la empresa para evitar mayores repercusiones.


Desde un punto de vista científico parece ser que no existen indicios de que la mejoría que este producto proporciona sea significativa. Pero nosotros vamos a centrar el tema desde el punto de vista de la empresa, concretamente del marketing, que, al fin y al cabo, es lo que el consumidor recibe en última instancia.
El mensaje inicial que se hacía llegar al público era más o menos el siguiente: “ayuda a las defensas del organismo” y, se basaba en “estudios”, encargados por la propia empresa a universidades. También, “la ingesta … contribuye… a la modulación de la respuesta inmunológica … y disminuye episodios gastrointestinales”.

El marketing es una disciplina compleja al tener como base de estudio el ser humano y su comportamiento; múltiples variables inciden en el modo de comportarse. Pero existe un modelo estándar, generalmente aceptado, que define el comportamiento del consumidor a la hora de adquirir y usar un bien o servicio; este modelo está formado por cinco etapas:

Manifestación de la necesidad; ésta puede ser estimulada de forma interna o externa.
Búsqueda de información (para satisfacer la necesidad).
Evaluación de las diferentes ofertas alternativas (que satisfacen la necesidad).
Decisión sobre la compra.
Etapa posterior a la compra.

Nosotros vamos a centrarnos en la tercera fase, la evaluación; es en ésta donde podemos encontrar alguna respuesta al tema que nos ocupa. En dicha fase es “fundamental” el concepto de “atributo del producto”. Dicho concepto tiene su origen en la llamada “Teoría de las características” de Lancaster. La idea fundamental es que los bienes y servicios no son deseados porque “directamente” reporten cierta utilidad al sujeto, sino porque poseen determinadas “características”, o atributos, que constituyen el auténtico objetivo del comprador y las que le reportan utilidad.

A esta teoría la psicología aplicada ha añadido ciertas consideraciones: es el conjunto de “creencias” que un sujeto mantiene sobre los atributos de un producto, y no las características “reales” las que influyen en la fase de evaluación de su proceso de decisión. Este conjunto de “creencias” forman lo que se conoce como “imagen de marca”, que es otro de los elementos clave que la gestión de marketing utiliza en relación al producto.

Es decir, las creencias o percepciones de los atributos que se forman los consumidores no tienen por qué ajustarse a los atributos reales u objetivos del producto. ¡Y esto lo saben muy bien los responsables del departamento de marketing!

El consumidor se forja una expectativa de calidad y si determinados atributos cubren las necesidades o beneficios buscados (ayuda a las defensas) el producto será considerado de calidad por éste.

¿Cómo hacer llegar al consumidor estos atributos?

Aquí es donde entra en juego la publicidad a través de los medios de comunicación. Un mensaje, que resalte los beneficios que hacen que el producto sea más deseable que los de la competencia y además que sea creíble (basado en estudios), que transmita información sobre los atributos del producto y que vaya dirigido a un público objetivo (madres, hijos, …). Sólo nos queda elegir el tipo de publicidad (informativa, persuasiva, recordatoria) y el medio para su difusión.

De esta forma, ya tenemos un producto (yogur) con unos atributos, y el mensaje se encargará de que el público objetivo se forme unas creencias (ayuda a las defensas, modula la respuesta inmunológica, disminuye episodios gastrointestinales, etc.) sobre las bondades que proporciona.

¿Legal, fraude, engaño? Difícil cuestión: “contribuye modestamente…”, “basado en estudios…” Todo ello es cierto, aunque no cumpla con nuestras expectativas. Una simple palabra, y esto lo saben bien los abogados, marca en muchas ocasiones el límite entre lo legal y lo ilegal.

Al final siempre aparece el mismo tema; vivimos en una sociedad de mercado y pocas esferas quedan al margen de su influencia.

Espero que esta modesta explicación haya sido del agrado de mi lectora Susana; y de ustedes, por supuesto.