Transparencia y leyes.

Hoy toca leyes, normativa, la base de la sociedad adulta y democrática. Eso dicen.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el BOE de 5 de marzo de 2011, con entrada en vigor, recalco, “entrada en vigor”, según la disposición final sexagésima de la propia ley, el día siguiente al de su publicación. Es decir, el 6 de marzo estaría vigente.

Dispone su artículo 27.a) lo siguiente: “las sociedades cotizadas incrementarán la transparencia en relación con la remuneración de sus consejeros y altos directivos, así como sobre sus políticas de retribuciones, …”, etcétera, etcétera.

Al mismo tiempo y siguiendo con leyes, para que no nos acusen de tener mucha imaginación, dice la ley 24/1988 del mercado de valores entre otras cosas que “…el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a votación,…, a la Junta General ordinaria de accionistas”.

Sin embargo, y a pesar de la existencia de estas obligaciones legales, la ley no se aplica. La polémica está servida. Falta el reglamento que desarrolle la ley, existen empresas que ya han realizado la Junta de accionistas, … argumentos que se esgrimen por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para no obligar a las empresas a cumplir con la ley. Dice el artículo de El País “hacer la vista gorda”. Alguno estará preguntándose por qué no se hace la vista gorda en otras ocasiones. Quizás porque en este caso no se trata de recaudar.

Incrementar la transparencia. Primero debería existir transparencia, luego ya tendremos tiempo de incrementarla.