Reformas presupuestarias.

Reducción de salarios, congelación de pensiones, paralización de obras públicas, subida de impuestos, … ¿Cuál es el objetivo que se encuentra tras estas medidas adoptadas por el Gobierno respecto al gasto público?

Ya he comentado en alguna ocasión que formar parte de la Unión Económica y Monetaria tiene su lado positivo pero también exige ciertos sacrificios.

El Tratado de la Unión y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento orientan los presupuestos nacionales de los Estados miembros para conseguir que la situación presupuestaria se aproxime al equilibrio o presente superávit en condiciones normales.

La política presupuestaria depende de los gobiernos nacionales, aunque está sujeta al límite del 3 por ciento del PIB, es decir, el déficit no podrá superar este porcentaje. Este límite restringe la capacidad y autonomía fiscal de los países. A pesar de ello, se permite sobrepasarlo temporalmente para hacer frente a graves perturbaciones (situación actual).

¿Por qué las medidas adoptadas?

Se busca una reducción del déficit público ya que se considera que de esta forma se orienta la economía hacia un círculo “virtuoso”: bajos tipos de interés, reducción de la carga (intereses) de la deuda pública, mayor reducción del déficit presupuestario, mejor asignación de los recursos, más confianza de los inversores (o mercados financieros) en la economía nacional, más inversión productiva y más empleo.

A todo esto hay que añadir que los países que de forma sistemática sobrepasen los límites del Pacto de Estabilidad podrán ser sancionados.

Ahora bien, se exigen sacrificios cuando se trata de recuperar una situación de estabilidad, ya que ésta redundará en beneficios futuros para la población, pero los gobiernos son sabedores de que en situaciones de “bonanza económica”, y recalco de “bonanza”, como la vivida durante los últimos años antes del estallido de la crisis, deben sanear sus sistemas fiscales para evitar ciclos como el que actualmente estamos padeciendo, para evitar tener que adoptar medidas que afecten gravemente a los colectivos más débiles, principalmente.

Los gobiernos manejan amplias estadísticas y realizan de forma continua estimaciones de los problemas que la sociedad sufrirá en el futuro. Saben que deben proceder a reformar sus sistemas fiscales y que esta reforma se debe realizar en épocas de bonanza, pero no lo hacen ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo hablar del problema de las pensiones? En España, tanto el Gobierno actual como el anterior ya eran conocedores de que eran necesarias reformas para afrontar problemas futuros, en cambio, se centraron en obtener réditos a corto plazo (bajadas de impuestos indiscriminadas, inversiones en infraestructuras a todo lo largo y ancho del Estado, …).

Algunas de las reformas fiscales a realizar en épocas de crecimiento económico deberían haber hecho hincapié en:

• Restricción del gasto público.
• Introducción de mecanismos e instrumentos de control del gasto.
• Mejorar la transparencia y eficacia de los sistemas fiscales.
• Cambios en los sistemas de prestación social, esencialmente de cobertura del desempleo para que sea más rentable trabajar que permanecer en paro.
• Revisar el sistema de pensiones y asistencia sanitaria ante la perspectiva de un envejecimiento de la población.

¿Qué se ha hecho? Todo lo contrario. En épocas de alto crecimiento económico, más leña al fuego; y es ahora, cuando se ha dado la vuelta a la tortilla, cuando se plantean reformas en las pensiones, en la edad de jubilación, en el mercado de trabajo, subidas de impuestos, etc. y no culpo sólo al Gobierno actual.