Manifiesto IV.

Habrán escuchado más de una vez que la situación de los países europeos es complicada debido (entre otras cosas) al elevado gasto público en el que han incurrido como consecuencia de la crisis que sufrimos desde el 2007. Las medidas adoptadas por los países van en el camino de reducir esa deuda. ¿Gastan más los gobiernos en sus ciudadanos? ¿La deuda pública procede de sistemas ineficientes como el sanitario, de pensiones, etcétera?

Por poner un ejemplo, en 2008, España tenía una deuda pública del 39,5% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), muy alejada del tope que impone el pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea, el 60%. En 2012, se estimaba que esta deuda superaría el 70% del PIB. Un aumento importante y con un coste cada vez mayor, recuerden que en ciertos momentos para colocar deuda española en el mercado hubo que ofrecer más del 5% de intereses para que compraran nuestros títulos.

Dicen nuestros economistas:

Falsedad nº 4: “El aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto”.

El aumento reciente de la deuda pública en Europa se debe a los planes de salvamento de las finanzas derivados de la crisis bancaria, no del aumento del gasto. En 2007 la deuda pública media en la zona euro era del 66% del PIB (bastante más que la española) pasando en 2010 al 84%.

Por otro lado, el incremento no proviene de aumentar los gastos, sino todo lo contrario, de la bajada de impuestos a las sociedades, rentas y patrimonios más altas, llevada a cabo por los países europeos en busca de atraer capitales. Es una de las consecuencias de no disponer de una política fiscal común, cada país hace la guerra por su cuenta. Además, la caída de ingresos consecuencia de la crisis hace que el cálculo del porcentaje de la deuda pública se realice sobre unos Productos Interiores Brutos (PIB) mucho más pequeños. Recuerden que el PIB español llegó a caer en tasa interanual más del 4%.

En definitiva, la deuda pública se utilizó para salvar las finanzas y creció como consecuencia de la caída de ingresos.

Se propone: realizar una auditoría pública para conocer el estado real de las deudas públicas y conocer quienes son los propietarios de los títulos de deuda y su montante (se vería de esta forma quienes son los grandes beneficiados del revuelo que se ha montado en los mercados y a los que los contribuyentes estamos pagando suculentos intereses).