Ley II.

Ley de Economía Sostenible.

Les comenté días atrás que intentaría desgranarla de forma amena, ya que se ha constituido, o pretende constituirse, en una de las piezas más importantes de la Estrategia de recuperación de nuestra economía. Conseguir que un texto normativo se convierta en algo fácil de digerir es un reto, así que espero no aburrirles.

Desde su entrada en vigor, los poderes públicos, ya pertenezcan a la Administración Central, Autonómica o Local, deberán guiarse en sus actuaciones por unos principios (de entrada, ya me vienen a la cabeza muchas actuaciones realizadas en muchos Ayuntamientos):

Mejora de la competitividad (de las empresas). En particular a través de la formación, la investigación, la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Los que hayan leído el post de ayer recordarán que en él cuestionaba la búsqueda de una mayor competitividad en base a la reducción de los costes laborales unitarios como centro de actuación. No es la única forma y creo que la ley es bastante transparente al respecto: formación, investigación, innovación, nuevas tecnologías.

Estabilidad de las finanzas. Manteniéndola en el tiempo.

Racionalización de las Administraciones Públicas. Simplificación y sostenibilidad de la estructura. Diputaciones, Ayuntamientos (por poner un ejemplo), ¿serán capaces?

Estos dos últimos principios son bastante clarificadores del camino que se pretende seguir.

Fomento de la capacidad innovadora de las empresas. Políticas de apoyo a la investigación y a la innovación con el fin de aumentar su competitividad (lo dicho, otro ejemplo más).

Ahorro y eficiencia energética. Se deberá propiciar la reducción de costes, atenuando la dependencia energética y preservando los recursos naturales (no se trata sólo de reducir la velocidad en autopistas y autovías).

Promoción de energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos.

Racionalización de la construcción residencial. El objetivo es centrarse en las necesidades de la población (este concepto deberá ser muy bien desarrollado para evitar malas interpretaciones), la rehabilitación de viviendas y núcleos urbanos, la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos económicos.

Extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación continua. El objetivo, la mejora de la cohesión social y el desarrollo personal de los ciudadanos.

Fortalecimiento y garantía del Estado social. Conciliar progreso económico con la mejora de las prestaciones sociales, manteniendo su sostenibilidad.

Estos principios deberían (condicional) ser la base de cualquier actuación que propiciaran las Administraciones Públicas, y vuelvo a repetir, sea cual sea el ámbito territorial de competencia. ¿Posible? Nueve principios que deberían estar presentes y colgados en letras grandes en todos los edificios en los que se tomen decisiones que afecten a los ciudadanos.